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| El coronel Radhamés Santos Aquino, quien denunció recientemente persecución en su contra por parte de un general. |
Policías y militares, desde rasos hasta oficiales, han utilizado la vía judicial para exigir su reintegración a la Policía Nacional y organismos de las Fuerzas Armadas, cuando entienden que con su retiro se han vulnerado derechos fundamentales contemplados en la Constitución.
Los reclamos de estos oficiales han sido canalizados, en la mayoría de los casos, a través de acciones de amparo que someten ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), cuyas decisiones han sido revisadas luego por el Tribunal Constitucional (TC), mediante recursos de revisión de amparo. Unos casos han tenido éxito, porque tanto el TSA como el TC han ordenado la reposición de los policías y militares, pero otros no han prosperado. En ocasiones, los accionantes lo que solicitaron fueron informaciones sobre su cancelación, y al no ser entregadas, interponen acciones de amparo.
Una revisión de las sentencias emitidas por el TC a partir del 2014 permite identificar al menos 15 fallos sobre reclamos de reintegración de rasos y oficiales a la Policía Nacional, la Armada Dominicana (antigua Marina de Guerra) y la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).
Sargento PN
Uno de los casos concierne al reclamo de reintegración del sargento Ramón Antonio Rodríguez, quien fue cancelado de la Policía Nacional por alegadas faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, luego de ser sancionado con 30 días de prisión.
La acción de amparo fue acogida por el TSA, que ordenó el reintegro, al considerar que no se agotó el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 67 de la citada ley No. 96-04. La Policía Nacional recurrió esa decisión ante el TC, que lo rechazó mediante la sentencia 375/14, y confirmó la sentencia número 122-2013, del TSA.
El TC estableció que, “el hecho de que el señor Ramón Antonio Rodríguez fuera cancelado luego de habérsele aplicado una sanción consistente en la privación de libertad durante treinta (30) días de prisión, constituye una violación al principio constitucional non bis in idem, principio según el cual una persona no puede ser juzgada ni condenada dos veces por un mismo hecho”.
Capitán de navío
El capitán de navío de la Armada Dominicana, Huáscar Miguel de Peña Lizardo, también sometió una acción de amparo para reclamar su reincorporación. Alegó que la puesta en retiro se hizo vulnerando sus derechos fundamentales, sobre todo, por la negativa de entregarle el decreto del Poder Ejecutivo que ordenaba su retiro. La acción de amparo fue declarada inadmisible por el TSA, por lo cual recurrió la decisión ante el TC, que acogió su recurso de revisión y revocó la sentencia del TSA.
Mediante la sentencia 367/14, el TC ordenó a la Armada Dominicana reintegrar a De Peña Lizardo a su puesto como Capitán de Navío y a pagarle todos los salarios vencidos desde el retiro hasta la ejecución definitiva de esta sentencia.
Primer teniente paracaidista
Otro oficial que tuvo éxito con su reclamo de reintegro fue el primer teniente paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana, Leonidas Hidalgo Feliz, pues su acción de amparo fue acogida por el TSA, que consideró que la cancelación del oficial violó el debido proceso.
La decisión del TSA fue ratificada por el TC, que mediante la sentencia 344/ 14, dispuso que a Hidalgo Feliz le sean saldados los salarios dejados de percibir desde el momento de su cancelación.
Demanda no prosperó
El señor Alberto Rodríguez Marcelino también exigió mediante una acción de amparo su restitución en las filas de la Policía Nacional, pero su demanda no prosperó. Se desconoce el rango que ostentaba. Rodríguez alegó que fue cancelado de manera abusiva y violando todos sus derechos procesales y constitucionales
Su demanda fue declarada inadmisible por el TSA, por lo cual recurrió ante el TC, que confirmó el fallo de ese tribunal, por lo cual el reclamo de Rodríguez Marcelino no tuvo éxito.
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