El presidente Barack Obama, que había sido indiferente ante la grave crisis financiera que padece Puerto Rico, ha pedido al Congreso de Estados Unidos una reforma legislativa para que la isla pueda acogerse a la ley de bancarrota y evitar así un desastre de impredecibles consecuencias.
En un documento firmado por el secretario del Tesoro, Jack Lew, se señala que Borinquen podría quedarse sin liquidez antes de que acabe el año y que no habría recursos para solventar el fondo de pensiones.
A pesar de que la Casa Blanca clama, muy tardíamente, por socorrer a Puerto Rico, la propia administración de Obama admite que la modificación de ley sugerida sería difícil de lograr en el Capitolio estadounidense, al señalar que la mayoría republicana “complica cualquier medida”.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico lleva meses en situación de impago de capital e intereses de su deuda de más de 73 mil millones de dólares a causa de una crisis fiscal que pone en peligro la capacidad del gobierno para sufragar los servicios públicos.
El documento del Departamento del Tesoro parece dirigido a cumplir formalidades políticas, ante la anunciada comparecencia del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en la vista que celebrará el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, para exponer sobre la crisis que abate a la isla.
Aun con el drástico plan de ajustes fiscales y de reestructuración de su abultada deuda, el gobierno puertorriqueño ha advertido su imposibilidad de cumplir con el pago de 14 mil millones de dólares, por lo que los bonos boricuas han sido degradados por la mayoría de las calificadoras internacionales de riesgo.
La indiferencia del Gobierno y el Congreso de Estados Unidos ante el drama fiscal de Puerto Pico resulta inexplicable e inexcusable, más aun si la propia Casa Blanca admite que esa crisis desembocaría en una situación de calamidad humanitaria, ante la insolvencia para sufragar el fondo de pensiones.
Sin voltear rostros hacia ejemplos recientes de rescates financieros como el que se llevó a cabo en favor de la ciudad de Detroit, o el que acomete la Unión Europea en Grecia, la Casa Blanca y el Congreso se muestran indolentes ante una situación de crisis financiera extrema en Puerto Rico, cuyas causas y origen tienen raíces imperiales.
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